Megan Barry está furiosa con ICE por identificarse como Policía Municipal

Los agentes de inmigración han adoptado un enfoque riguroso para hacer cumplir la ley en los Estados Unidos.
En Nashville, han golpeado las puertas de los residentes en la madrugada, han detenido a personas en el juzgado e intimidado a la gente en la calle.
Están separando a las familias y creando una atmósfera de miedo donde muchos inmigrantes indocumentados están retirándose de la sociedad, evitando el trabajo, no llevando a los niños a la escuela ni a citas médicas, y no denunciando crímenes.
El presidente Donald Trump prometió y firmó una orden ejecutiva para una mayor aplicación de las leyes de inmigración, pero dijo que se centraba en los “hombres malos” o en los que habían cometido crímenes.
En mayo, la Agencia de Inmigración y Aduanas informó que las detenciones aumentaron un 38 por ciento en los primeros tres meses de la administración Trump en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, el número de personas detenidas que no tienen antecedentes penales anteriores se triplicó.
Adicionalmente, se les permite a los agentes de ICE identificarse como policía local, erosionando la confianza que el Departamento de Policía de Metro Nashville ha construido con la creciente comunidad “nueva americana” de la ciudad.
Las personas nacidas en el extranjero representan el 12 por ciento de la población de la ciudad, entre ellas la mayor concentración de kurdos iraquíes en la nación. La alcaldesa Megan Barry escribió una carta al ICE, desacreditando las tácticas de detención de la agencia, y el martes el Metro Council está celebrando su segunda de tres lecturas de dos proyectos de ley que cambiarían la forma en que funcionarios públicos locales interactúan con agentes federales de inmigración.
Los miembros del Consejo no quieren desobedecer la ley federal o estatal ni buscan hacer de Nashville una ciudad santuario. Más bien, están exigiendo en el primer proyecto de ley (BL-739) que los funcionarios locales no asistan a los agentes de ICE en la aplicación de detenciones sin que haya una orden judicial o citación.

Los agentes federales se están sobrepasando su autoridad al detener a la gente y el mensaje que este proyecto de ley envía es que ICE debe buscar la orden de un juez antes de proceder con tanta audacia.
Los asuntos de inmigración son responsabilidad constitucionalmente del gobierno federal y ocupar funcionarios policiales locales para hacer  trabajo de inmigración, también quita recursos que son necesarios para atender los asuntos de la municipalidad.
El segundo proyecto de ley (BL-743) autorizaría la terminación del contrato entre el gobierno federal y Metro relacionado con la cárcel local que se utiliza como centro de detención de inmigrantes.
El acuerdo ha funcionado a perpetuidad desde 1996, y la legislación proporcionaría a Metro la oportunidad de renegociarla y alinearla con otros contratos similares, que duran 60 meses a la vez.
Los miembros del Concejo Municipal deberán aprobar ambos proyectos de ley.
El sistema de inmigración de la nación está roto. Las leyes deben ser aplicadas, pero separar a las comunidades es una mala forma de hacer el trabajo.

 

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